Burbuja de preguntas
¿Cómo puede la enseñanza de la lengua de acogida, perteneciente a una cultura más amplia que sería la europea, contribuir a la capacitación de los inmigrantes para participar activamente en la sociedad, promoviendo la integración, el diálogo intercultural y la construcción de una comunidad más cohesionada, justa y solidaria?
El fenómeno migratorio en Europa ha sido un tema central en las últimas décadas, impulsado por conflictos, desigualdades económicas y cambios climáticos. Este flujo constante de personas presenta un conjunto de retos y oportunidades que exigen un abordaje basado en los derechos humanos, la hospitalidad y el respeto a la dignidad humana –y todo lo que eso representa–. El marco de los derechos humanos busca proteger a los migrantes, pero su implementación efectiva se ve influenciada por la complejidad del sistema jurídico que regula estos derechos. En este contexto, los derechos lingüísticos y la promoción de la interculturalidad juegan un papel crucial y aunque parecen dimensiones teóricas, influyen en el día a día de cada persona migrada.
Los derechos humanos son inherentes a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establecen que todos los migrantes deben ser tratados con dignidad y respeto. Estos instrumentos reconocen derechos esenciales como el derecho a la vida, la seguridad personal, la no discriminación y la igualdad ante la ley.
La creación de marcos de referencia institucionales en el contexto de la globalización y el fortalecimiento del Derecho Internacional es un proceso multifacético. Con el tiempo, estas estructuras se han consolidado como una red compleja de intercambios, equivalencias, bloqueos y oportunidades. Esta red, compuesta por tratados, convenios y acuerdos internacionales, busca establecer normas comunes y promover la cooperación entre naciones. Sin embargo, su implementación y efectividad dependen en gran medida de las voluntades políticas y la dinámica de los sistemas democráticos que los sustentan.
Es por eso que se hace crucial distinguir entre el concepto de Derechos Humanos y el de Sistema Jurídico. Los derechos humanos son esenciales, intransferibles y únicos a la condición humana, independientemente de rasgos diferenciadores geográficos, étnicos o ideológicos. Por otro lado, los sistemas jurídicos son construcciones humanas, cambiantes y condicionales. Mientras que los derechos humanos representan ideales universales y atemporales, los sistemas jurídicos son mecanismos que varían según el contexto y están sujetos a modificaciones basadas en decisiones políticas y sociales, es el conjunto de instituciones y procedimientos que aplican y resguardan estas normas.
Los sistemas jurídicos modernos han ido acogiendo, reconociendo, incorporando y desarrollando ideales ciudadanos y sociales, configurando un catálogo de derechos y obligaciones, lo cual se puede observar en la consideración de “generaciones de derechos”, siendo la 1era generación la compuesta de todos los derechos vitales, y la actual 6ta generación de derechos vinculados a las esferas digitales. Lo relevante es comprender que estos sistemas –nacionales e internacionales– toman decisiones sobre cuáles son los “bienes jurídicos” que obtendrán la mayor protección por parte de su sistema, así como los límites que definirán la aplicabilidad de su fuerza administrativa e institucional. Este proceso reconoce herencias de modelos más autoritarios o absolutos, pero desde la instalación de estructuras democráticas se ha desarrollado el debate y la formulación de negociaciones y consensos sobre qué derechos incluir y cuándo hacerlo. Sin embargo, esto no significa que todos los derechos “nazcan” con su reconocimiento formal, especialmente aquellos ligados a la dignidad humana, los cuales son inherentes –naturales– a la propia existencia humana.
Hay que considerar que la modernidad, con sus ideales de “libertad, igualdad y fraternidad,” proclamados durante la Ilustración y consagrados en eventos históricos como la Revolución Francesa, se erigió sobre la promesa de construir sociedades más justas, equitativas y racionales. Estos principios fundamentales se tradujeron en la elaboración de derechos humanos universales y la creación de sistemas políticos democráticos destinados a garantizar la participación ciudadana y la protección de los derechos individuales. Sin embargo, se puede argumentar que esta promesa ha sido en gran medida incumplida.
A pesar de los avances tecnológicos y científicos que han caracterizado la modernidad, las estructuras de poder y las desigualdades sociales y económicas no sólo han persistido, sino que en algunos contextos se han agravado. Las dinámicas globales de poder, impulsadas por el capitalismo y la globalización, han generado beneficios desiguales, concentrando la riqueza en manos de unos pocos mientras amplias poblaciones permanecen en la pobreza. Este fenómeno ha desafiado los ideales de igualdad y justicia social, revelando una brecha significativa entre la teoría y la práctica.
Además, los sistemas políticos que surgieron bajo la bandera de la modernidad, a menudo moldeados por intereses particulares y las dinámicas de poder hegemónicas, han fallado en garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas. Los Estados, en muchos casos, priorizan la estabilidad económica y la seguridad nacional sobre la justicia social, resultando en políticas que marginan a grupos vulnerables y perpetúan las desigualdades estructurales. Este enfoque utilitario contrasta con la promesa ilustrada de proteger la libertad y la igualdad para todos los ciudadanos.
La situación actual refleja una disonancia profunda entre los principios universales de la modernidad y la realidad práctica. La persistencia de conflictos, la discriminación racial y de género, las crisis migratorias y el cambio climático son testigos de los límites y desafíos que enfrenta la humanidad en su búsqueda por una justicia y equidad verdaderamente globales. Así, la promesa de la modernidad se mantiene como un ideal aspiracional, un recordatorio constante de la necesidad de reformar y reevaluar nuestras estructuras sociales, políticas y económicas para cerrar la brecha entre el ideal y la realidad.
En la era posmoderna, caracterizada por la globalización e hiperconectividad, nos enfrentamos a la tarea de hacer efectiva esta promesa. Los marcos de referencia institucionales deben adaptarse y responder a los nuevos retos y realidades de un mundo interdependiente. La cooperación internacional y la voluntad política son esenciales para transformar estos marcos en instrumentos efectivos de acción, garantizando que los derechos humanos no solo sean un ideal aspiracional, sino una realidad tangible para todos.
“¿Dónde, después de todo, comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar; tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de la persona individual; el vecindario en el que vive; la escuela o universidad a la que asiste; la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca justicia igual, oportunidades iguales, dignidad igual sin discriminación. A menos que estos derechos tengan significado allí, tienen poco significado en cualquier otro lugar. Sin acción ciudadana concertada para mantenerlos cerca de casa, buscaremos en vano progreso en el mundo más grande.” (Eleanor Roosevelt, extracto del discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 28 de septiembre de 1958)
Ahora, este punto no puede abordarse sin entrar en el dilema entre el impacto individual en el aula y los objetivos más amplios de la sociedad, ya que es, sin duda, un reto importante en el paradigma crítico de la educación. Es evidente que la enseñanza de la lengua es fundamental tanto para la comprensión de estos marcos normativos, como para la defensa del propio derecho o el derecho de otros. Permite el acceso a información crucial, como a los derechos legales, servicios sociales, atención médica y oportunidades educativas y laborales disponibles, promoviendo la toma de decisiones y la participación más activa en la sociedad, aumentando las posibilidades de interacción y diálogo con vecinos, colegas, profesores y autoridades locales, lo cual puede propiciar espacios de integración social y cultural. También aumenta las posibilidades de participación de actividades cívicas y políticas, de negociación de condiciones laborales, de acceso a servicios legales.
La respuesta reafirma lo que ya sabemos… La comunicación efectiva promueve la comprensión mutua, reduce los prejuicios y fortalece los lazos sociales. La comunicación efectiva suele requerir una lengua común, un campo de expresión compartido, significantes y significados significativos. Sin embargo, los procesos de toma de decisiones, la concepción crítica de la realidad, el posicionamiento de defensa de los derechos propios o de los de otros y otras requiere de mucho más que la enseñanza del idioma y el manejo de los códigos comunicativos.
Lo ya señalado en apartados anteriores, y lo que continuará señalándose en los posteriores vuelve a desarrollarse aquí. La importancia de entender los procesos de enseñanza como una realidad bidireccional, incluso multidireccional; diversa por naturaleza y por lo tanto necesitada de un compartir nacido en la subjetividad. Eso requiere preguntas, espacios, nociones que dan bienvenida a modos de vida, y no sólo que den presentaciones de un modelo único. Requiere apertura social a la interculturalidad, que supere la idea de agrupación estática de culturas, de meras tolerancias.
Los dos principios de justicia son los siguientes: a. Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades básicos e igualitarios completamente apropiado, esquema que sea compatible con el mismo esquema para todos; (…) b. Las desigualdades sociales y económicas sólo se justifican por dos condiciones: en primer lugar, estarán relacionadas con puestos y cargos abiertos a todos (…); en segundo lugar, estas posiciones y estos cargos deberán ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos privilegiados (Rawls, 1995, p. 31)
Desde estas líneas, se entiende que es posible superar esta dualidad adoptando un enfoque holístico y sistémico que reconozca la interconexión entre la acción individual y el cambio social a nivel colectivo. Partiendo de la reflexión crítica sobre la práctica docente, se debe alentar a los educadores a reflexionar críticamente sobre su papel en la promoción del cambio social y la equidad en la educación. Esto implica cuestionar los supuestos, examinar los prejuicios implícitos y buscar constantemente formas de mejorar y adaptar la práctica docente para abordar con mayor eficacia los retos sociales y culturales. A partir de información real y actual, es destilar los datos que conforman la narrativa dominante. Es integrar la acción colectiva en el currículo para que, desde una visión comunitaria de un mismo grupo de clase, se afronte conjuntamente la identificación y el abordaje de problemas sociales y comunitarios palpables. Esto no sólo fomenta el desarrollo de habilidades de colaboración y trabajo en equipo, sino que también enseña a los estudiantes la importancia de la acción colectiva para lograr un cambio significativo.
La cultura no es un sobrepasarse ni una neutralización de la trascendencia; ella consiste en la responsabilidad ética y en la obligación hacia el prójimo, relación con la trascendencia en tanto trascendencia. Lo podemos llamar amor. Es ordenado por el rostro del otro hombre, que no es un dato de la experiencia y que no viene del mundo. Penetración de lo humano en la barbarie del ser aun cuando ninguna filosofía de la historia nos pueda garantizar el no retorno de la barbarie (Levinas, 2011, p. 61)
Gradualmente, la acción educativa establecerá alianzas con la comunidad (organizaciones comunitarias, grupos activistas y otros agentes de cambio) que la acoge para identificar necesidades y oportunidades de acción conjunta. Esto puede ayudar a ampliar el impacto de la enseñanza y el aprendizaje más allá del aula y crear conexiones significativas entre la escuela y la comunidad. Es utilizar una estrategia desde la alianza con lo inmediato hasta lo colectivo y común. Es crear una comunidad que influya, cree y favorezca la transformación personal y social. Es partir del reconocimiento de que el cambio social (de opinión, de acción, político, etc.) comienza en el nivel individual, en este caso, de y con los educadores y sus alumnos. Por supuesto, este objetivo estratégico debe ajustarse a un enfoque de la enseñanza de idiomas basado en la sensibilidad hacia la diversidad lingüística y cultural de cada inmigrante y subrayar algunos aspectos importantes desde el punto de vista didáctico, pero no se pueden perder de vista los fundamentos.
Al final, tenemos un objetivo personal y colectivo a la vez que combinamos una multitud de hechos subjetivos y singulares que conforman un aula, diez aulas, cien aulas y un montón de personas emigradas que pertenecen a un tiempo y un espacio compartido para hacer un futuro común.
La exigencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido a los supuestos nexos entre reconocimiento y la identidad, donde este último término designa algo equivalente a la interpretación que hace una persona de sus características definitorias como ser humano. La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste (Taylor, 1993, p. 43).
Los derechos lingüísticos son un aspecto fundamental de los derechos humanos, ya que están estrechamente relacionados con la identidad cultural, la inclusión social y la igualdad de oportunidades. Sin embargo, los límites de estos derechos en los grupos que han emigrado a otro territorio son difusos y a menudo dependen de los derechos «particulares» de la sociedad que acoge a estas personas. El miedo del anfitrión a perder una identidad se enfrenta al miedo a perder la memoria de los que se han trasladado. Es una lucha desigual que tiene muy difícil salida, si no solución.
Casi siempre nos centramos en la enseñanza de la lengua materna como facilitadora de la integración de los emigrantes al territorio, generando una verdadera aculturación de los emigrantes. Muchas veces esta formación lingüística ni siquiera se hace de forma bilingüe, y mucho menos en el reconocimiento de lenguas minoritarias o extranjeras, que serían estrategias «típicas» de un estado que protege las lenguas existentes en sus territorios.
“Reconocimiento” se ha convertido en una palabra clave de nuestro tiempo. Esta idea, una venerable categoría de la filosofía hegeliana, resucitada no hace mucho por los teóricos políticos, está resultando fundamental en los trabajos para conceptualizar los debates actuales acerca de la identidad y la diferencia. Independientemente de que se trate de las reivindicaciones territoriales indígenas, el trabajo asistencial de mujeres, el trabajo homosexual o los pañuelos de cabeza musulmanes, los filósofos morales utilizan cada vez más el término “reconocimiento” para desvelar las bases normativas de las reivindicaciones políticas (Fraser y Honneth, 2006, p.13).
La preservación, desarrollo y expresión de la realidad y herencia cultural y lingüística es a su vez, la expresión y el mantenimiento de la propia identidad. La enseñanza de la lengua del país de acogida no solo debe facilitar su integración en la nueva sociedad, sino también respetar y valorar su identidad cultural y lingüística previa. El aprendizaje bidireccional de la lengua reconoce que el proceso de integración no es unilateral, sino que implica una interacción dinámica entre los migrantes y la sociedad de acogida. Los migrantes aportan su experiencia, conocimientos y perspectivas únicas, enriqueciendo así el tejido cultural y lingüístico de la comunidad receptora. Al mismo tiempo, el aprendizaje del idioma del país de acogida capacita a los migrantes para participar plenamente en la vida social, económica y política de su nueva comunidad, ejerciendo así su derecho a la autodeterminación en un contexto intercultural.
Para cerrar este apartado nos encontramos el dilema práctico de la enseñanza de la Lengua Nacional y el papel crucial que juega el docente y lo esencial que es para el desarrollo de cada persona el reconocimiento de su lengua materna. Es un pulso continuo entre la promoción de la integración en una sociedad, el acceso a oportunidades educativas y laborales y la generación de una identidad cultural propia, conformadora de personas integrales y ratificada por un sin fin de legislación y tratados internacionales.
Es presentar las programaciones típicas de la educación bilingüe y sus beneficios pero también sus déficits cuando la cultura “dejada atrás” se valora como superada, tanto por aspectos culturales del destino, como por historias personales de las personas…
Al final el docente se agarra a la mejora de la “competencia digital” y se enfoca en una multitud de estrategias pedagógicas y didácticas que muchas veces, aún logrando un entorno inclusivo, respetuoso y seguro, no logra poner en valor la diversidad lingüística por la presión de un entorno siempre hostil a la persona foránea.
La propia falta de un hogar donde la hostilidad directa del entorno se disipe en relaciones cercanas, espacios de descanso de una inmersión total al tiempo de no abrir lugares en las entidades educativas para permitir e incluso alentar el uso de la lengua materna hace de la labor de las personas migrantes y de su profesorado una montaña difícil de escalar.
Hay que buscar espacios en los que se pueda discutir los desafíos que enfrentan los docentes, como la falta de formación en educación intercultural, recursos limitados, o políticas educativas restrictivas. Espacios que sirvan para poder quejarse y al tiempo explorar las oportunidades para mejorar la educación lingüística, como la formación continua del profesorado, el desarrollo de materiales didácticos inclusivos y la colaboración con comunidades lingüísticas.
